Porqué el IVA de caja para PYMES no es la solución

Imagine por un momento que se encuentra en una ley lo siguiente:

“A partir de la entrada en vigor de esta ley, todos los psicópatas asesinos que actúen en nuestro país estarán obligados, en el ejercicio de la actividad que les es propia, a sedar previamente a sus víctimas para ahorrarles sufrimiento innecesario.”

Le parecería ridículo, ¿no? Por muy loable que sea el intento de reducir el sufrimiento en los crímenes violentos, carece de sentido intentar regular algo que de por sí, ya es ilegal y debiera ser perseguido. Pues bien, resulta que la propuesta que hace el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es un caso parecido.

La medida que se pretende introducir en la futura Ley de Emprendedores tiene como objetivo el facilitar que las pymes no tengan que adelantar el IVA a Hacienda hasta que no consigan cobrar sus facturas; lo que se conoce abreviadamente como el IVA de caja.

Pero cuando ya existe una regulación tanto nacional como europea que prohíbe expresamente los pagos por encima de 60 días (incluso 30 días en los pagos efectuados por las Administraciones Públicas), ¿Qué sentido tiene una nueva regulación diseñada para dulcificar las consecuencias de la morosidad?

Cualquier persona próxima al mundo empresarial responderá inmediatamente que el problema de esa normativa que limita los plazos de pago es que no se cumple ni por asomo y que además es precisamente la propia Administración Pública la principal incumplidora, llegando a tardar en pagar 153 días de media en 2011.

El plan de pago a proveedores de 2012 supuso un alivio al movilizar recursos por importe de 27.300 millones euros pero muchos temían que su efecto fuera temporal y se volvieran a acumular los impagos como parece que vuelve a ocurrir.

La propuesta de Montoro, está trasladando la idea de que “te vamos a seguir pagando cuando nos plazca, pero para que no te duela tanto, le vamos a pedir a Hacienda que te financie el IVA”. Y es que España sigue siendo un caso singular; aquí en lugar de hacer cumplir la ley, regulamos lo que ocurre cuando se viola. En España tenemos un caro y vergonzoso problema de morosidad que es preciso atajar. Sin más paños calientes.

La morosidad es uno de los problemas más graves a los que hacen frente las empresas y particularmente las pymes españolas, porque aunque se trata de una cuestión endémica, es particularmente dañina en el entorno actual de sequía del crédito, produciendo un estrangulamiento financiero que ha llevado al cierre a miles de empresas y añadido una abultada cifra a las de por sí pobladas estadísticas de paro. Esta situación ha sido reconocida por la Comisión Europea como una de las cuestiones clave a corregir para facilitar la recuperación económica junto con la reducción de las cargas administrativas y la mejora de la financiación de las pymes.

Aunque desde el sur de Europa el pagar tarde se ve como algo normal y cotidiano, en el espejo europeo al que pretendemos mirarnos, no lo es en absoluto. Los líderes en este ranking europeo de morosidad son Portugal, España, Italia y Grecia a gran distancia del resto de países. ¿Casualidad? Las cifras son realmente escandalosas. En el caso de los plazos de pago de empresas privadas, España triplica los plazos medios de Alemania. En los plazos de pago de las Administraciones Públicas, España casi quintuplica las cifras de Alemania, que dicho sea de paso, no son las mejores de Europa. Estas cifras están obligando a no pocos emprendedores y pymes a contemplar los mercados noreuropeos como un destino obligado, cuando no a plantearse la emigración empresarial.

Desde un punto de vista técnico, además, la propuesta de Montoro es una auténtica pesadilla, pues las empresas llevan su contabilidad mediante un criterio de devengo y no de caja, lo que hace inviable aplicar la medida sin un importante incremento de su carga administrativa o bien un incremento del fraude fiscal. Ninguna de las dos consecuencias serían bienvenidas en la situación actual. Y desde luego, lo que hay que evitar a toda costa, que ya sería el súmmum del despropósito, es que la medida acabe constituyendo una subvención a la morosidad con cargo al erario público.

Es difícil explicar el porqué de la desidia de los partidos mayoritarios a la hora de resolver este problema, aunque el análisis de la reciente información judicial en materia de financiación ilegal de los partidos puede resultar esclarecedor.

La morosidad de las Administraciones Públicas, por su parte, lejos de constituir una fuente de financiación gratuita para éstas, supone un sobrecoste incalculable para el erario público. Al dejar a la discrecionalidad de los cargos políticos la fecha en la que se va a realizar un pago, se favorece el amiguismo y se “expulsa” de la contratación pública a muchos ofertantes de buena fe que no quieren poner en peligro el futuro de sus empresas, dejando vía libre para que unos pocos privilegiados hagan pingües negocios con la Administración, a costa del contribuyente.

A la vista de la situación excepcional que vive nuestro país no es comprensible que el Consejo Europeo haya dejado pasar una oportunidad de oro para expresar una mayor contundencia en sus recomendaciones a España la semana pasada, dedicándole a este asunto únicamente dos líneas, en las que ni tan siquiera se menciona la morosidad privada.

Porque recomendar una nueva subida del IVA, cuando ni siquiera ha transcurrido un año de la última y el consumo interior se encuentra en una situación paupérrima parece una recomendación precipitada extraída de una hoja de cálculo mal programada.

(Publicado el 5 de junio de 2013 en Las Provincias (Valencia), La Verdad (Alicante/Murcia), Hoy (Extremadura), el 6 de junio en La Rioja y el 13 de junio en el Norte de Castilla (Castilla-León))